lunes, 19 de noviembre de 2012

Alberto Gonzalez Arzac. Un hombre. Su historia

Alberto Gonzalez Arzac, junto la cuadro de "Paco" Urondo, en el centro cultural que lleva su nombre en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

Alberto Ricardo González Arzac nació el 27 de enero de 1937 en Mar del Plata, cuando su padre el Capitán de Fragata Rodolfo González Arzac, era el primer jefe de la reciente instalada base de submarinos.
Realizó sus estudios primarios en la ciudad de Buenos Aires, en una escuela pública del barrio de Núñez situada en la calle Arcos y Correa. Completó el Colegio Nacional y la Universidad en La Plata, donde se recibió de abogado y Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales.
En la década de los años  ’50 fue dirigente juvenil del radicalismo platense hasta que (hacia 1960) ingresó al Peronismo, que por entonces estaba en la clandestinidad y con su líder en el exilio.
La intensa militancia política no le impidió trabajar durante sus estudios. En 1956 participó de la fundación del gremio de empleados judiciales en La Plata, interviniendo en la huelga al año siguiente.
Tampoco descuidó su formación realizando diversos cursos de especialización en disciplinas jurídicas y económicas. Asimismo escribió sus primeros trabajos en revistas especializadas y aún continúa siendo asiduo colaborador de numerosos diarios y publicaciones periódicas.
En 1959 los anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y sociales de La Plata le publicaron una monografía sobre delitos electorales y en 1962 el Consejo Federal de Inversiones le editó un libro sobre la Zona Latinoamericana de Libre Comercio.
En aquellos momentos inició la elaboración de artículos reivindicatorios de la Constitución de 1949, arbitrariamente derogada por el gobierno militar del General  Aramburu en 1956. Esos trabajos llegaron a publicarse en revistas de circulación masiva, como “Todo es Historia” y Polémica”, cumplimentando acabadamente el objetivo perseguido por el autor. Incluso el general Perón desde su exilio en Madrid le hizo llegar su felicitación.
Desde entonces ha tenido una proficua labor, escribiendo diversos libros, entre los que se destacan “La Constitución de 1949” (1971), “La Esclavitud en la Argentina” (1973), “Lineamientos Regionales del Plan Trienal” (1973), “El Papelón de Manuel  Quintana” (1974), “Sampay y la Constitución del Futuro” (1982), “La Torta Menguante” (1982), “Federalismo y Justicialismo” (1984), “Caudillos y Constituciones” (1994), “Pablo Ramella. Un jurista en el Parlamento” (1999) y otros. El enfoque dado a sus obras puede deducirse de la personalidad de quienes las prologaron: Alfredo Eric Calcagno, Pablo Ramella, Arturo Peña Lillo, Fernando García della Costa, Fermín Chávez rubricaron esos trabajos, invariablemente consecuentes con su prédica nacional y popular.
Ha ocupado funciones públicas, como Secretario General de la Gobernación en la Provincia de Buenos Aires (1962-63), Secretario General del Consejo Federal de Inversiones (1973-76), Inspector General de Justicia de la Nación (1989-90). También fue titular de cátedras universitarias en las facultades de Derecho (U.B.A.), Ciencias Económicas (Univ. de Lomas de Zamora) y Ciencias Políticas (Univ. John F. Kennedy). Integra actualmente el cuerpo académico del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, del que es vicepresidente.
González Arzac  ha destacado como sus grandes maestros en Ciencia Política y Derecho Constitucional a Arturo E. Sampay y a Pablo Ramella, catedráticos que fueron constituyentes en 1949 y eminentes pensadores con quienes tuvo amistad personal. En su concepción histórica ha señalado la influencia de José María Rosa, de quien fue alumno y a quien defendió cuando el gobierno militar lo llevó a los estrados judiciales. Y en materia económica se formó junto a Alfredo Eric Calcagno, a quien lo liga una fraternal relación desde la juventud.
Las convicciones forjadas en años de estudio y militancia política impidieron a González Arzac colaborar en el proceso privatizador del gobierno de Menem. De allí que en 1990 denunció las primeras privatizaciones de Entel y Aerolíneas Argentinas, renunciando a la función que ocupaba e iniciando una acción opositora dentro del Peronismo, en la que consideró al “menemismo” como una desvirtuación de la Doctrina de Perón y Evita.
(Tomado del libro "Nosotros los peronistas" de Norberto Chindemi)

Gonzalez Arzac ratifica denuncia por Papel Prensa




Alberto González Arzac, representante del Estado en la empresa, detalló las irregularidades ante la justicia
Continúa la investigación sobre las irregularidades en la adquisición y en la administración de Papel Prensa. Ayer se presentó ante la justicia el constitucionalista y representante del Estado ante la empresa de papel para diarios, Alberto González Arzac, quien expuso sobre un informe que detalla la enorme cantidad de delitos de administración fraudulenta en la empresa desde 1977 hasta la actualidad.
La denuncia, presentada el año pasado por el secretario de Comercio Guillermo Moreno como representante de la parte accionaria que le corresponde al Estado en Papel Prensa, fue realizada contra Jorge RendoJulio César SaguierAlberto Maqueira, directivos de los diarios involucrados en las presuntas maniobras irregulares.
Antes de la presentación de Moreno ante la justicia, González Arzac, desde su puesto como consejero de vigilancia estatal ante la empresa, elaboró un informe con las distintas prácticas de administración para perjudicar al Estado. “(En ese trabajo) decía que desde el año 1977 a partir de un pacto de sindicación de acciones hecho entre el Grupo Clarín, La Razón y La Nación, pactaron cómo dejar afuera de toda decisión del Estado nacional. Y a partir de allí se fueron sucediendo delitos continuados que consisten en administraciones fraudulentas para perjudicar los intereses del Estado y esto constituye por sí mismo una asociación ilícita, en la que están denunciados los CEO de todas esas instituciones, de los grandes diarios”, explicó González Arzac en diálogo con Crónica.
“Moreno elevó ese informe a la Justicia después de haber presentado también sobre la situación empresaria de Papel Prensa, realizada por los síndicos, Daniel Reposo, de la Sindicatura General de la Nación, y Carlos Tarelli.
Determinaron con todo un equipo de auditores la existencia de estos delitos de administración fraudulenta, que se fueron sucediendo a lo largo de toda esta época, desde 1977 hasta ahora”
, dijo el abogado.
Entre los hechos denunciados como fraudulentos hacia el Estado, González Arzac ejemplifica: “Un valor preferencial para esos diarios (La Nación y Clarín) del precio del papel, y otras cosas que se fueron denunciando. Fueron una serie de hecho, centenares”.
Más allá de los hechos de administración fraudulenta que son investigados, la apropiación de Papel Prensa, en 1977, también está bajo la mira de la justicia, por presuntos delitos de lesa humanidad. En esta causa, desde el próximo lunes el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, presidido por Carlos Rozanski, comenzará a escuchar los testimonios de, entre otros, Lidia Papaleo de Graiver y Osvaldo Papaleo.

jueves, 8 de marzo de 2012

Informe "Papel Prensa, la verdad". Habla en Dr. Alberto Gonzalez Arzac




El Dr. Alberto Gonzalez Arzac hace entrega de "Papel Prensa la verdad"
La presidenta Cristina Fernández presentó hoy el informe "Papel Prensa, la verdad", sobre la actuación administrativa establecida en la resolución 126 de la secretaría de Comercio Interior del ministerio de Economía de la Nación de fecha 31 de marzo de 2010, documentando los hechos ocurridos en torno a la transferencia accionaria a favor de Sociedad Anónima de La Nación, Arte Gráfico Editorial Argentino Grupo Clarín y La Razón Sociedad Anónima, del capital social de Papel Prensa Sociedad Anónima.
Además anunció que el Gobierno presentará una denuncia judicial por la apropiación ilegal realizada por los socios privados de la compañía, y que remitirá al Congreso de la Nación proyectos de ley para declarar de interés público la producción de celulosa y papel, su distribución y comercialización.
El informe revela graves irregularidades cometidas durante el gobierno militar por las cuales se realizó la transacción, como así también cuestiona la administración de la empresa por parte de los actuales socios privados, al tiempo que refuta terminantemente las versiones sobre la historia de la empresa Papel Prensa Sociedad Anónima que publicaron los diarios Clarín y La Nación en sus ediciones de 27 de marzo y 4 de abril del corriente año.
Contiene además constancias documentales, expedientes administrativos, papeles comerciales, constancias de causas judiciales, registros de archivos y actuaciones de la dictadura consistentes en actas de las Juntas de Comandantes y de la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial, que insumen más de 26 mil fojas. Emitido por Visión Siete, noticiero de la TV Pública argentina, el martes 24 de agosto de 2010.

domingo, 19 de febrero de 2012

“Hay huelgas que son políticas y hay huelgas que no son huelgas”


“Hay huelgas que son políticas y hay huelgas que no son huelgas”
"Lo que se llamó la huelga del campo no fue una huelga, fue un lock out. Los empresarios eran los que cerraban las tranqueras".
“Algunas huelgas han sido de carácter extorsivo”
Alberto González Arzac, constitucionalista y discípulo de Arturo Sampay, analiza las referencias de la Presidenta sobre la Carta Magna peronista de 1949.
Por Carolina Keve

Con Perón no había derecho a huelga?
El pasaje en el discurso de asunción hizo abrir los ojos de varios legisladores.
Al día siguiente, sendos editoriales de periodistas devenidos en sorpresivos constitucionalistas salieron en defensa de la Constitución justicialista.
Obligados tal vez por la inexactitud de algunos de los datos dados por la prensa, se sumaron especialistas y académicos intentando explicar las omisiones de la norma.
El debate en torno a las políticas que tuvo el peronismo histórico en materia laboral llegó a la par de los fantasmas agitados por el distanciamiento entre el Gobierno y el líder de la CGT, Hugo Moyano.
Alberto González Arzac, constitucionalista y titular del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, defiende el texto del 1949.
No sorprende, puesto que es discípulo de Arturo Sampay
No obstante, explica a Debate los fundamentos, al mismo tiempo que critica fuertemente la Constitución actual, llegando a arriesgar la necesidad de una reforma constitucional. Desafiante, acusa el carácter extorsivo que han asumido algunas huelgas en los últimos años y apoya el discurso de Cristina Fernández: “Hay huelgas que son políticas, hay huelgas que no son huelgas”.
– ¿Qué le pareció la apreciación que hizo la Presidenta en su discurso de asunción sobre la Constitución del 49?
Muchos han salido a reivindicar que se trata de la Constitución más avanzada en materia social que tuvo el país.
Fijese el artículo 37, donde están los derechos del trabajador… (Toma la Constitución y empieza a leer) Tenemos el derecho a trabajar, lo que también implica el derecho a no trabajar; el derecho a condiciones dignas de trabajo, que constituye una motivación de las huelgas; el derecho a la preservación de la salud, otra motivación dado que muchas veces las huelgas son por trabajos insalubres; el derecho al mejoramiento económico, que enmarca cualquier demanda laboral; la defensa de los intereses profesionales… Es decir, todas las motivaciones que producen una huelga están contempladas en esta Constitución como derechos.
– ¿Por eso no aparece explicitado el derecho a huelga?
En 1949 el bloque de la oposición conformado por los radicales criticó que no se contemplaba la huelga. Entonces, Sampay les explicó que ésta es un hecho, no un derecho.
Cuando un obrero hace huelga no está ejerciendo un derecho, sino que simplemente está produciendo un hecho en defensa de estos derechos que aquí se explicitan.
– Ahora bien, el planteo contra este argumento, en realidad, también descansa en los discursos de Perón y Evita, que eran muy duros con respecto a las huelgas.
Sí, la oposición decía que los peronistas no querían que se hicieran huelgas. Pero en la época de Perón se hicieron huelgas. Lo que no hubo fueron paros generales, porque la CGT era peronista y apoyaba al gobierno. Ahora, ¿cuáles son los derechos que hacen viables cualquiera de esas dos posiciones?
Son todos estos derechos especiales del trabajador que se enuncian en el artículo 37. Es más, este decálogo es mucho más vasto que lo que después hizo la llamada Constituyente de 1957 que dictó el artículo 14 bis.
Éste fue dictado para que no se pensara, aunque todos después lo hacían, que la derogación de la Constitución del 49 había ido en contra de los trabajadores. Pero incluso muchas de las disposiciones de ese artículo 14 bis no han tenido vigencia hasta hoy.
Por ejemplo, todavía estamos discutiendo la participación de los obreros en las ganancias. En realidad, con el derecho de huelga pasó lo mismo, ahora es un derecho que se puede ejercer con libertad, pero en la mayor parte de los gobiernos o regímenes que tuvimos desde 1957 eso no aconteció. Así que la inclusión de ese artículo fue prácticamente declarativa.
– ¿Cómo caracterizaría al constitucionalismo social que enmarcó el texto de Sampay?
El constitucionalismo social es una corriente que tiene origen latinoamericano. La primera Constitución que incluyó cláusulas relativas a la relación de trabajo y previsión social fue la Constitución mexicana de 1917.
Ahora bien, es cierto que el constitucionalismo social tiene auge tras la Segunda Guerra Mundial, y ahí entra la Argentina. Es más, la Constitución del 49 fue tomada como modelo para otras constituciones en el mundo entero.
Fue pionera en esta corriente que se opuso al constitucionalismo clásico liberal en el que estaba inspirada nuestra Constitución de 1853. Lamentablemente, después fue derogada por los militares que hicieron que volviéramos a una Constitución de 1853 en 1956. Un salto hacia atrás de 100 años.
– ¿Y cuál sería el espíritu de la Constitución de 1994?
He sido opositor a esa reforma porque es una reforma que, en mi opinión, estuvo limitada, ya que la primera parte de la Constitución, la parte general, no se tocó.
El pacto Menem-Alfonsín estableció que no podía tocarse, justamente allí donde están los derechos de los ciudadanos. De esta manera, si bien luego los derechos sociales fueron incluidos en una cláusula referida a las facultades del Congreso Nacional, la verdad es que sigue siendo una Constitución liberal, con algunas actualizaciones buenas y otras deplorables.
– ¿Cree razonable entonces plantear una reforma constitucional?
Sí, siempre fui partidario de una reforma constitucional porque, a mi juicio, tenemos una Constitución anticuada con simples reformas que no la adecuan a los tiempos de hoy.
– Volviendo al tema de las huelgas, ¿qué opina sobre el tono de la Presidenta en su discurso? Para algunos, fue muy dura al hablar de extorsión.
No, porque hay huelgas que son políticas y hay huelgas que no son huelgas. Lo que se llamó la huelga del campo no fue una huelga, fue un lock out. Los empresarios eran los que cerraban las tranqueras. Y creo que a esto se refería la Presidenta. No se puede negar que algunas huelgas han sido de carácter extorsivo y ella sabe bien cuáles son porque siempre salió al frente cuando se produjeron. Son huelgas que no están motivadas por razones laborales sino por razones políticas…
– Hoy todo parecería indicar para los próximos tiempos un aumento en la conflictividad sindical. En su opinión, ¿esto obedecería entonces a un interés político más que a un debate salarial o sobre la distribución de la renta?
Cristina hizo referencia a la huelga de petroleros en la provincia de Santa Cruz y sí, esa huelga tuvo un carácter político, porque eran obreros que ganaban muy bien y cuyas condiciones de trabajo no eran defectuosas. La tensión en lo que siempre se llamó la puja distributiva, pasa por definir el punto de equilibrio.
Ahora, cuando en vez de llevar esto por las vías normales, se irrumpe con huelgas sorpresivas, amenazas o se pone en discusión el poder político, pasan a ser de carácter extorsivo. Tomando nuevamente el ejemplo del lock out agrario, lo que buscaban era la renuncia de la presidente sabiendo que había un vicepresidente que los apoyaba.
– Ahora bien, la mención de Cristina Fernández sobre el derecho a huelga reinstaló la crítica que algunos sectores le hacen al oficialismo de querer hegemonizar su propio relato sobre la historia…
El relato histórico es una forma de proyectarse en el futuro. Cuando fue derrotado Rosas, Sarmiento le propuso a Alberdi formar un tribunal histórico y relatar la historia del país conforme a las ideas que ellos tenían. Alberdi en ese momento rehusó a acompañar a Sarmiento, pero Sarmiento fue acompañado por otras personas en esta conformación de un relato histórico según la versión de los que vencieron en Caseros. Así fue surgiendo lo que se llamó la historia oficial…
– ¿Y por qué cree que hoy genera tanta polémica el revisionismo histórico? Sin ir más lejos, basta con ver lo que produjo la creación del Instituto Dorrego en manos de Pacho O’Donnell.
No sé por qué en la actualidad se ha dado carácter tan polémico al Instituto Dorrego.
Dorrego ha sido uno de los próceres federales que es reconocido incluso por los historiadores clásicos. Dorrego no está en discusión. Hay un monumento, hay calles y hasta un pueblo que lleva su nombre y nunca se puso en discusión.
Por otro lado, todos los institutos que hay han sido creados por decretos, el sanmartiniano, el de Rosas que aquí funciona y fue creado en 1938, el yrigoyeneano…
Parecen haberse ofendido porque un historiador, tal vez el más leído en la actualidad, que es Pacho O’ Donnell, pasó a ser revisionista… Claro, ¿cómo puede ser que Pacho, que en una época formó parte de esa historia clásica, ahora se pase al revisionismo?—
Las negritas y cursivas y algunos enlaces no pertenecen al texto original. Son un modo de destacar y facilitar mi propia lectura de porciones que considero de mayor relevancia.

jueves, 10 de noviembre de 2011

Alberto González Arzac: “El Estado tiene que limitar la expansión de Clarín”

 

El reconocido constitucionalista y el representante estatal en Papel Prensa apunta contra la prepotencia del monopolio y cuestiona la justicia mediática. Además, propone elegir a los magistrados con el voto popular.
El debate sobre la Justicia, su rol y su accionar parece, por estos días, inagotable. “Que debería intervenir en cuestiones sobre las que el Poder Ejecutivo y el Legislativo no se ponen de acuerdo”; “que es el único poder no republicano y debería contar con elección de magistrados por el voto popular”; “que está politizada y actúa como corporación”, son apenas algunas de las consignas que reprodujeron funcionarios, jueces, periodistas y ciudadanos en general durante las últimas semanas. No es para menos: el mes de marzo sumergió a la corporación judicial en debates clave como los decretos de necesidad y urgencia ligados al Fondo del Bicentenario, la Ley de Medios, la intervención de Papel Prensa, los juicios por la verdad y hasta la extracción de sangre y el ADN de los hijos de Ernestina Herrera de Noble (ver recuadro), entre otros. Sin embargo, el abogado constitucionalista Alberto González Arzac no se sorprende de semejante protagonismo. Con más de 50 años de profesión, conoce a la Justicia como la palma de su mano: escribió sobre ella, caminó los pasillos de Tribunales, analizó jurisprudencia, pensó y diagramó normas siendo asesor en el Senado de la Nación y supervisó aspectos constitucionales de diversos proyectos legislativos. Sabe tanto de su importancia como del entramado político que la atraviesa. Y experimentó, en carne propia, la fuerza de la ley cuando semanas atrás un fallo del magistrado Eduardo Malde, a cargo del Juzgado Comercial Nº 20, lo devolvió a su puesto en el Consejo de Vigilancia de Papel Prensa. Allí había sido designado como representante del Estado, en octubre de 2009, pero las autoridades de Clarín y La Nación –con asiento en el directorio– le habían impedido asumir sus funciones exigiendo la designación estatal a través de asamblea de accionistas.
–En Papel Prensa, usted cuestionó la falta de información para analizar los balances de la empresa. Teniendo en cuenta que opera en Bolsa, ¿debería existir mayor control sobre la compañía?
–Tanto la Bolsa como la Comisión Nacional de Valores tienen la obligación de controlar la veracidad de los balances. Sin embargo, en los últimos meses hubo irregularidades. Si bien la CNV hizo su trabajo, la Bolsa dejó bastante que desear. Y eso se debe, en gran medida, a la complicidad que mantienen con el señor Alberto Maquieira (N. de la R.: el contador que, en noviembre de 2009, resultó electo presidente de Papel Prensa en lugar de Luis María Julio Saguier), a quien denuncié a través de una querella penal por fraudes al comercio y a la industria.
–¿Cuáles son las irregularidades?
–Un balance trimestral de septiembre de 2009, por ejemplo, fue dado a conocer como “aprobado” y es falso.
–¿Considera que por esos motivos impidieron que integre el Consejo de Vigilancia?
–Sabían que yo iba a controlar con seriedad a los accionistas. Mi cargo estaba ocupado por Carlos Collazo y él, siendo empleado del Estado, era proclive a consentir las decisiones de las empresas.
–En medio de la discusión por la nueva Ley de Medios, Osvaldo Papaleo, ex secretario de Prensa de María Estela Martínez de Perón, aseguró que Clarín le había arrebatado la empresa a la familia Graiver. ¿Debería replantearse la composición de la compañía teniendo en cuenta su origen?
–La constitución de la empresa es válida y no hay que modificarla: esta composición fue ideada por Graiver. Su proyecto era hacer una empresa en la que los grandes diarios fueran socios y el Estado pusiera el capital inicial, como se hizo a través del Banco Nacional de Desarrollo. En ese esquema, los grandes diarios tuvieron las acciones tipo A, el Estado las B y las C se las quedó la familia. Pero Graiver se llevó una sorpresa cuando le sacaron una tuerca del avión y se hizo bolsa, murieron tres sucesores, torturaron a su mujer y los medios consiguieron comprar los activos a precios absurdos. Clarín consiguió tener la mayoría de las acciones de Papel Prensa en la época de la dictadura. Y todos los trámites los hacía un tal Martínez Segovia, que era primo de José Alfredo Martínez de Hoz.
–¿Cuánto incide la actual pelea entre el Gobierno y el Grupo Clarín en el funcionamiento de la compañía?
–Una parte del enfrentamiento entre el Grupo Clarín y el Ejecutivo, que es lógico, se da en Papel Prensa. El Estado tiene que limitar la expansión de Clarín para defender la libertad de prensa e intervenir en la imprenta. Está en todo su derecho porque tiene acciones y como poder público tiene que bregar por el buen abastecimiento de todos los diarios. Los monopolios deben ser totalmente del Estado y, si no, están mal.
–La Justicia intervino en este conflicto y también en otros debates, como la utilización de las reservas para el pago de deuda. ¿Qué aspectos debería replantearse como institución?
–Cuando se produce la Revolución de Mayo y la Argentina pasa a ser una nación republicana, la figura del presidente se quedó con muchas de las atribuciones que tenía el rey o el virrey pero con un plazo limitado de gobierno en seis años. Y los cargos en el Legislativo también fueron fijados con un recambio periódico. Pero la Justicia, en cambio, fue el único poder que no sufrió esa transformación. Además, a diferencia de los otros poderes donde sus autoridades son electas por el pueblo, en el caso del Poder Judicial los que gobiernan son los abogados.
–¿Sugiere que los magistrados deberían ser electos también a través del voto popular?
–Creo que sí. Al menos, se saldaría la más importante de las deudas de la Justicia. Si el pueblo es el soberano, debería elegir a todos sus representantes. Si no, a la Justicia siempre la gobiernan los mismos apellidos y un sector de la sociedad con poder adquisitivo muy elevado. Todo eso ayuda a que ese poder esté tan politizado.
–¿Ese aspecto quedó en evidencia tras la pelea por el uso de reservas que debían ser destinadas para el Fondo del Bicentenario?
–En primer lugar diría que hasta por ahí nomás es correcta la intervención de la Justicia en ese tema. Durante muchos años el Poder Judicial no dictó sentencias en las cuestiones que les estaban asignadas a los otros poderes. Pero esto se ha venido degenerando. Es un fenómeno antidemocrático porque órganos que son expresión de la voluntad del pueblo como el Poder Legislativo y el Ejecutivo pasan a dirimir sus cuestiones en el único órgano en que no participa el pueblo. Es una desvirtuación de la democracia como lo es la designación o sanción de los jueces por parte del Consejo de la Magistratura, compuesto por un conjunto de abogados, algunos diputados y otros representantes de la academia. El Consejo de la Magistratura es corporativo, casi fascista. Está mal que se les otorgue a los abogados, como si fueran una clase social, el manejo de un poder que es de toda la Nación.
–¿Cómo evalúa los intercambios que hubo entre el Gobierno y la Corte Suprema?
–El llamado a mesura y equilibrio que hizo la Corte también suele hacerlo la Iglesia. No creo que se haya quebrado la buena relación. La deuda en materia de Corte Suprema es nombrar a los dos miembros que falta designar. Personalmente creo que es insuficiente el número actual y que habría que completarlo de acuerdo a la ley. Francamente no me gustó cómo quedó integrada pero mejoró respecto de la anterior, que era demasiado afecta a los intereses del ex presidente Carlos Menem.
–¿La Justicia está mediatizada?
–Los periodistas abalanzándose sobre los jueces en busca de declaraciones no colaboran. En ese sentido, coincido con quienes piensan que los jueces tienen que hablar a través de sus fallos.
–El ministro supremo Carlos Fayt mantiene cada mañana charlas informales con periodistas en la puerta de su casa...
–Fayt es uno de los jueces que no debería formar parte de la Corte. La Constitución del ’94 fijó en 75 años el límite de edad para los magistrados. La Corte Suprema anterior consideró ese aspecto como inconstitucional para favorecer a Fayt, justo el día que cumplió 75. Pero por algo se había fijado ese límite en la Constitución y lo digo yo, que tengo 73. La vejez va deteriorando la inteligencia y la capacidad de trabajo